Ciudad de México.-Han pasado nueve años desde el primer Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido México, y aunque desde entonces diferentes países y organismos de la ONU hicieron decenas de recomendaciones, y ha existido un avance en el marco normativo, en el país prevalece una crisis de violencia, corrupción e impunidad.
Esa es la conclusión a la que llegaron más de 200 organizaciones de la sociedad civil, en el documento que entregaron al Consejo de Derechos Humanos, para el EPU del próximo 7 de noviembre.
“De las recomendaciones emitidas en los ciclos del EPU de 2009 y 2013, aquellas que cuentan con cumplimiento total o parcial generalmente se relacionan con acciones normativas o el retiro de reservas a tratados; sin embargo, no ha habido avances significativos en la realidad que viven las personas en el país, por lo que los primeros dos ciclos del EPU nos han dejado con poco o nulo cumplimiento sustantivo”, señaló el #ColectivoEPUmx.
Este será el segundo EPU para el Estado mexicano, en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. El previo fue en 2013. Desde entonces, ocurrieron hechos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a manos de policías y criminales, y una investigación sobre el caso marcada por la tortura y otras irregularidades.
También las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, documentadas por la CNDH. El aumento en los homicidios dolosos, a niveles récord, y el asesinato de más de 40 periodistas, entre otras situaciones graves, de violencia e inseguridad.
“En todas las evaluaciones vamos a ver que siempre hay una mejora en el marco regulatorio, legislativo, que se ratificaron tratados, pero en la realidad, en los hechos, no se ven mejoras relevantes en materia de derechos humanos”, dijo a Animal Político José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
“Yo creo que ha habido, en general, un deterioro en la situación de los derechos humanos, un deterioro porque debimos haber evolucionado para hacer frente a las situaciones que enfrentamos desde 2009”, agregó.
Las recomendaciones previas
En el EPU de 2009 -cuando el presidente de México era Felipe Calderón-, entre otros puntos, diferentes países le recomendaron a México “hacer todo lo posible” para reducir la desigualdad de ingresos en el país; elevar el nivel de vida de las mujeres, garantizar su presencia en puestos ejecutivos, e implementar un programa general para erradicar la violencia en su contra.
Se recomendó a México implementar una ley sobre desapariciones forzadas, y tipificar ese delito en todos los estados; prevenir y sancionar la tortura, en particular aquella ejercida por las fuerzas de seguridad; mejorar las condiciones de vida en las prisiones, y erradicar la práctica del arraigo.
También, hacer de la lucha contra la impunidad una de las prioridades del gobierno; adoptar medidas firmes para eliminar la corrupción; velar por la seguridad de los periodistas y los defensores de derechos humanos; garantizar que todos los delitos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas sean sometidos a los tribunales civiles, y también preservar el “pleno disfrute de los derechos de los migrantes en el territorio del Estado”.
En 2013, ya con Peña Nieto como presidente, las naciones hicieron recomendaciones que coinciden con puntos mencionados cuatro años antes, como dar prioridad a prevenir y sancionar la tortura, investigar debidamente las detenciones arbitrarias y las desapariciones, y “asegurar que las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas contra civiles sean juzgadas en tribunales civiles”.
Se recomendó entonces crear una base de datos de migrantes desaparecidos, y garantizar efectivamente la seguridad y los derechos humanos de los migrantes, que estén en tránsito por México; otras naciones recomendaron abolir el mecanismo de detención preventiva; mejorar las condiciones de las prisiones; establecer un programa integral para combatir y reducir la violencia contra las mujeres, además de reforzar las instituciones judiciales.
Otros puntos recomendados fueron redoblar los esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad en el país; garantizar las asignaciones de presupuesto para el mecanismo de protección de defensores de derechos y periodistas, y prevenir todo tipo de violencia en contra de ellos, así como garantizar que pueblos indígenas sean consultados sobre proyectos económicos y de desarrollo que les afecten.