Culiacán, Sin.- Con el propósito de exponer ante los diputados de la actual legislatura la problemática que existe alrededor del desplazamiento forzado interno, víctimas de este fenómeno de todo el estado sostuvieron un encuentro en el Congreso local.

María Esperanza Hernández Lugo, defensora social, señaló que busca promover una ley para atender a las víctimas de desplazamiento y que sean reconocidos todos los delitos que se presentan a raíz de esta problemática, como los homicidios, desplazamientos y despojos.

Acusó que en los anteriores gobiernos ha existido una falta de voluntad política para avanzar en el tema, donde incluso hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el año pasado y no se ha cumplido con ninguno de los puntos establecidos en la misma.

Karina Pérez Vázquez, asesora jurídica de Esperanza Hernández, quien tuvo que salir huyendo de su comunidad, dijo que no existe un censo real del número de personas desplazadas pero, de acuerdo a la recomendación, se habla de 2 mil 039 víctimas.

El desplazamiento interno forzado existe en 14 de los 18 municipios del estado como Choix, Sinaloa, Badiraguato y Concordia, sin embargo, a pesar de todas las denuncias, el gobierno se empeña en negar la problemática cuando se pretende tapar el sol con un dedo.

Señaló que el desplazamiento forzado, principalmente por el tema de la violencia, es como si fueran afectados por los fenómenos naturales, donde las víctimas se quedan sin nada, pero esta problemática es generada por el crimen organizado.

Indicó que existe un fondo de ayuda, sin embargo, a las víctimas de desplazamiento interno forzado se les ha negado el acceso a este apoyo por parte de la Comisión Ejecutiva, pese a que la señora Esperanza, junto con las 2 mil 39 personas, son reconocidas como víctimas por la CNDH.

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