Culiacán, Sin.- Expedir la reforma constitucional que permita el ejercicio del derecho de representación indígena en los ayuntamientos de Sinaloa, aprobó el Congreso a través de un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución planteado por la diputada del PAS Jesús Angélica Díaz Quiñónez.

Esta legislatura deberá consultar a las comunidades indígenas con el objeto de que expongan sus puntos de vista al respecto de la reforma constitucional local, así como de las leyes secundarias, asegurándose que la misma sea culturalmente adecuada, informada y de buena fe.

En la exposición de motivos, la legisladora mencionó que en la sesión del pasado 28 de noviembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió sentencia de suma importancia para los pueblos y comunidades indígenas del estado.

En esta sentencia se reconoció la omisión legislativa que existe en el tema de representación de dichas comunidades ante los cabildos de los ayuntamientos de la entidad, así como la indebida interpretación que las autoridades electorales hicieron, respecto de la petición formulada, tanto por el Partido Sinaloense, como por personas integrantes de grupos indígenas, agregó.

“Para que en el pasado proceso electoral se contemplara la figura de un regidor indígena en los ayuntamientos que así procediera en términos de la legislación aplicable”, explicó Díaz.

A su vez, el diputado Gildardo Leyva Ortega, presidente de la comisión de las Comunidades y Asuntos Indígenas mencionó realizarán foro de consulta.

Enfatizó ha convocado a una reunión ordinaria de la comisión para atender la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a la representación indígena en los ayuntamientos de la entidad.

“Esta decisión nos congratula y nos llena de júbilo porque responde a la agenda legislativa que propusimos a los sinaloenses”, añadió el legislador de Morena.

La diputada de Morena María Victoria Sánchez Peña externó que durante décadas, las comunidades y los pueblos indígenas fueron los grandes ausentes de las políticas públicas de los poderes del estado ejecutivo, legislativo y judicial.

Fue hasta el año 2001 cuando se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde el estado inicia a reconocer los derechos indígenas, prosiguió.

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