Chuytoño, de superpolicía a huidiza pieza de caza política

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Por: Francisco Chiquete…

Mario López Valdez y Jesús Antonio Aguilar Íñiguez ignoraban que el destino los colocaría del mismo lado. Cada uno por su cuenta, llegaron a buscar el cobijo y bendición del entonces gobernador, que no los quería mucho. Era el año de 2009, casi al final.
Jesús Aguilar Padilla encabezaba una reunión en Escuinapa. Tras el programa oficial de inauguraciones y recorridos los fruticultores le hacían un reconocimiento por los apoyos obtenidos para su actividad, cuando impensadamente aparecieron los dos personajes, que evidentemente contrariaron al mandatario.
Llegaron por separado, pero ambos llevaban el mismo propósito: hacerse ver y que sus presencias en el evento trascendieran a todo el estado.
López Valdez ya sentía que no sería el elegido por Aguilar Padilla para la sucesión en el gobierno, pero aspiraba a que se le siguiese considerando. Alcanzó a colarse a la mesa principal, pero no pudo irse con el gobernador, como le hubiese sido útil en términos de imagen. Se tuvo que regresar en la camioneta Lincoln Navigator del año, de su propiedad.
Pero el que llamó más la atención fue Chuytoño. Corría la versión de que había ganado el pleito judicial que lo trajo seis años a salto de mata, aunque el gobierno de Felipe Calderón no hacía una sola referencia a ese expediente, tan escandaloso para los sinaloenses.
Chuytoño entró partiendo plaza, como los toreros y se fue directo a la mesa donde Aguilar Padilla convivía con sus anfitriones. Fue hasta el gobernador y le saludó con su clásica expresión: “jefe”. Como pudo, Aguilar se desentendió tratando de no ser cortante, mientras el expolicía, habilidoso para manejar su imagen pública, ubicó la mesa de prensa y se fue a platicar su hitoria.
Jefe Chiquete ¿cómo la ve? Ya le dije con el jefe Talacho que ya la gané.
En efecto, unos días antes el compañero Juan Manuel García, encargado de las fuentes policíacas de El Sol de Mazatlán, llegó asombrado con la noticia: “¡la ganó el Chuytoño, trae el expediente en la mano y los resolutivos de la Suprema Corte!”
Como el pistolero que va a sacar el arma, ahí frente a todos Chuytoño se echó la mano a la espalda y de la cintura perdida extrajo un grueso volumen fotocopiado con cada una de las fojas de su juicio de amparo.
Se hizo de una silla contigua y empezó a explicar todo el procedimiento que le llevó seis años de vivir a salto de mata, de aparecer repentinamente por su casa del Cid o por sus andurriales de Escuinapa, pero sobre todo de permanecer oculto.
Mire jefe, dese cuenta, vea nomás qué clase de expediente armaron estos cabrones, ni siquiera tenían nada. Nomás eran las ganas que me traían.
El expediente, en efecto, no traía nada jurídicamente sustancial. Incluso para un lego como yo, y viendo el legajo a vuelapié, era obvio que no se incluyeron pruebas que sustentaran los señalamientos de actos contra la administración de la justicia, delincuencia organizada, corrupción y una larga lista de acusaciones, que se soportaban en un grueso altero de recortes de periódicos, sobre todo de Noroeste y Río Doce, donde aparecían opiniones, versiones y conclusiones sobre la participación de Chuytoño en la protección al narco. Ni siquiera una declaración de los hoy célebres testigos protegidos.
¿Cómo era posible que la Procuraduría General de la República se hubiese embarcado en una aventura judicial con bases tan endebles? Obviamente las publicaciones periodísticas eran impactantes, narraban situaciones muy fuertes, aunque sólo fuesen a nivel de conjeturas, pero lo que para un lector resulta convincente no necesariamente lo es para un juez, de modo que Chuytoño y sus abogados se fueron ganando etapa tras etapa del procedimiento, instancia tras instancia de la estructura judicial, hasta llegar a la última, la definitiva.
Tampoco era entendible que la PGR no hubiera sido capaz de detener al policía, de presencia tan singular, a lo largo de este proceso que acaparó fuertemente la atención de todo Sinaloa e incluso de los medios nacionales, temporalmente interesados en el asunto.
En realidad la verdadera persecución fue breve, de algunos meses. Después se enfrió y sólo tuvo el seguimiento judicial automático, que consistió en apelar cada una de las decisiones que Chuytoño iba ganando con su recurso de amparo.
Su caso, dicen los conocedores, fue secuela de los acontecimientos del Cinépolis de Culiacán, ocurridos el 11 de septiembre de 2004. Un grupo de sicarios atacó a Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de Amado, el señor de los cielos. Rodolfo murió junto con su esposa y un humilde lavacarros del centro comercial, ”daño colateral”. Ahí resultó herido un comandante de la Policía Ministerial, quien seguía en la nómina oficial, pero no trabajaba porque con frecuencia era objeto de atentados. A pesar de esa relación laboral, se le señaló como parte del equipo de protección de la víctima.
Aguilar Íñiguez y varios comandantes subalternos suyos fueron acusados por la Siedo de proteger a una de las partes en pugna. Chuytoño presentó su renuncia tres días después y dijo que estaría a disposición de las autoridades, pero desapareció.
En cambio los demás comandantes regresaron y fueron exonerados, mientras la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada insistía en atrapar al exdirector de la Ministerial.
Había una sensación generalizada sobre la colusión entre policías y delincuencia. Incluso era algo que se daba por descontado, por lo que extrañó que las autoridades federales desistieran de perseguir a toda la estructura, y se enfocaran sólo en el policía oriundo de Escuinapa.
Hubo una explicación alterna a la policíaca y a la judicial: por esas fechas terminaban las campañas para elegir gobernador del estado, y lo que aparecía como una fácil victoria del candidato del PRI, se empezó a complicar precisamente a partir del escándalo de la balacera y la presencia de las corporaciones en uno y otro de los bandos enfrentados.
No debe olvidarse que entonces el gobierno federal era detentado por Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, que en el año dos mil rompió el septuagenario monopolio priísta en la Presidencia de la República; y la gubernatura sinaloense estaba en manos del PRI, con Juan Sigfrido Millán Lizárraga al frente.
Detener a Chuytoño en esos momentos habría sido el golpe definitivo a la candidatura tricolor de Jesús Aguilar Padilla. Presentar al excomandante en calidad de detenido habría pulverizado la mínima ventaja de medio punto porcentual con que finalmente triunfó Aguilar. La elección se celebró apenas ocho semanas después de la balacera. Ese era el valor estratégico de este personaje.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó las impugnaciones al resultado oficial el 28 de diciembre, tres días antes de la toma de posesión. Desde ese momento aflojó la presión sobre Chuytoño, pero no cesó la causa judicial, que iba lenta, como todo en el ámbito de la administración de la justicia.
La mañana de octubre de 2009, en Escuinapa, Chuytoño ni siquiera pensaba en la posibilidad de reincorporarse a la policía. No le pedí nada al jefe Aguilar, explicaba, sólo quería decirle yo mismo que ya no hay cómo le puedan hacer aquellos para fregarme, que gané el amparo con todas las de la ley, hasta en la última instancia.
Un año después, los dos personajes que irrumpieron en aquel desayuno, aparecerían juntos para ofrecer a la sociedad sinaloense que se garantizaría la seguridad perdida tras la guerra contra el narco que declaró el presidente Felipe Calderón, también del PAN.
Una de las primeras decisiones tomadas por Mario López Valdez, ganador de la gubernatura tras abandonar al PRI y contender bajo una coalición que encabezaban el PAN y el PRD, fue la de nombrar al comandante Aguilar Íñiguez como director de la Policía Ministerial del Estado. El PAN buscó encarcelarlo, y un gobierno encabezado por el PAN lo rehabilitó y lo reactivó.
Nunca lograron regresar la tranquilidad ofrecida. Pese a la declaración del jefe del gabinete de seguridad, Gerardo Vargas Landeros, en el sentido de que nunca se rebasaría el número de crímenes registrados durante el gobierno de Aguilar Padilla, las cuentas que entregó el de Malova fueron superiores en más de mil casos.
A días de terminar su sexenio, Malova propuso y logró la jubilación del comandante, con un sueldo de 49 mil pesos mensuales, con lo que se retiró de la vida activa en el servicio público, aunque continuó apareciendo en las aventuras políticas de Gerardo Vargas Landeros.
También volvió a ser objeto de señalamientos públicos no por los gobiernos que se sucedieron en México, sino por los de Estados Unidos, donde diversos testigos que declararon ante la Corte, lo señalaron como parte de los aliados y apoyos de uno de los bandos del crimen organizado, como se dice en el libro El Traidor, de la investigadora Anabel Hernández.
Muchos pronosticaban que apenas dejado el poder, Aguilar Íñiguez sería objeto de persecución y atentados, pero no ocurrió así: de 2017 a 2020 se paseó tranquilo por el estado, sin hechos de armas, sin pleitos, sin desmentir ni referirse a los juicios que lo incriminaban al otro lado de la frontera norte.
Ajeno a los tiempos en que encabezó grandes despliegues policíacos, al frente de cientos de agentes o detrás del gobernador y del secretario general de gobierno, murió en una cama de hospital, víctima del coronavirus, solo, como mueren todas las víctimas de este mal terrible, sin que su familia pudiese entrar a llevarle un consuelo o a darle una esperanza.

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