Ciudad de México.- Este martes se llevó a cabo en el Palacio legislativo de San Lázaro la Mesa de diálogo “Guardia Nacional, Mujeres, Seguridad y Paz” impulsada por La Red Nacional Seguridad, Justicia y Paz para las Mujeres y organizaciones feministas y pro – derechos de las mujeres, con el acompañanemiento y participación de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados, la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en México.

 

Dicha mesa se realizó con el objeto de presentar testimonios de mujeres que han sido víctimas de diversas violaciones a sus derechos por parte de integrantes de las fuerzas armadas, para que las legisladoras sigan revisando y tomen decisiones que salvaguarden derechos de cara a la discusión que inicia mañana sobre la iniciativa de reformas a trece articulos constitucionales para crear la llamada “Guardia Nacional”.

 

Sobre este tema, la semana pasada, personas tomadoras de decisiones en todo el país, expertas e interesadas se presentaron ante la Comisión de Puntos Constitucionales para presentar argumentos y opiniones al dictamen, la gran mayoría coincidiendo en la oposición a dejar las tareas de seguridad nacional en manos militares.

 

De manera específica, las instituciones convocantes y participantes quisieron profundizar en los riesgos para las mujeres, recordando en voz de las propias víctimas la indefensión y la vulnerabilidad en que han enfrentado al poder militar.

 

Mirna Nereyda Medina, fundadora de “Las rasteadoras” grupo de mujeres que buscan en Sinaloa a sus hijos desaparecidos nos narró cómo el poblado de El Fuerte es uno de los más peligrosos en México desde 2012 dados los enfrentamientos entre grupos criminales. Señaló también que la presencia militar para patrullar en la localidad se ha sumado a los miedos de las personas y ha orillado el desplazamiento de cientos. Autoridades sin preparación, sin sensibilidad y coludidas con los criminales han dejado un saldo de cerca de treinta mil desaparecidos en la Entidad de 2012 a julio de 2018.

 

Por su parte, Valentina Rosendo, perteneciente a  la comunidad indígena Me´phaa, nos recordó que tenía 17 años cuando en 2002 ocho militares la rodearon para “interrogarla”, golpeándolo y violándola. Denunció y exigió junto con su marido que se averiguaran los hechos pero la investigación fue remitida a la jurisdicción penal militar, la cual decidió  archivar el caso. Su búsqueda de Justicia debió trasladarse a tribunales internacionales. Aunque su caso sirvió para cambiar la ley y hacer que se juzge en juzgados civiles a militares, éstos siguen cometiendo violaciones, “por eso no queremos soldados en las calles” conluyó.

 

En su intervención, Circe López Riofrío, afirmó que “la propuesta de la Guardia Nacional es fundamentalista, patriarcal y bélica”. Recordó que no basta con tener mando civil si éste es coincidente con la perspectiva de guerra. Llamó a no aprobar una ley que deje a las mujeres como victimas colaterales.

 

Imelda Marrufo de la Mesa de Mujeres de CD Juárez, señaló que desde el año pasado que se iniciaron los diálogos, los derechos de las mujeres y la perspectiva de género no han tenido cabida, no obstante los múltiples asesinatos y desapariciones de mujeres, así como la comprobación -en Ciudad Juárez- de que los militares son partícipes en en delito de trata o en su encubrimiento. Señaló que la Guardia Nacional está obligada a defender, respetar y promover los derechos humanos, a tener a los acuerdos internacionales como referentes mínimos a considerar y a no dejar fuera a los derechos de las mujeres.

 

El representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DDHH, José Antonio Guevara, dijo que la iniciativa de la Guardia Nacional busca legalizar la militarización del país, lo que ni Calderón, ni Peña permitieron pese a las presiones. Aseguró que no sabemos cuántos militares e integrantes de las fuerzas armadas ha cometido violaciones a derechos humanos, torturas y asesinatos desde los setentas, y mientras no tengamos esa información nadie puede pedir a la ciudadanía confiar en ellos.

 

Antonino De Leo, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Délito (UNODC) señaló que se debe escuchar a víctimas y sobrevivientes sin revictimizarlas y con respeto. Pidió que se cumpla con las sentencias de las Cortes internacionales. Concluyó señalando tres cosas. 1) que los mandos de la Guardia Nacional deben ser civiles, 2) que se debe regular el uso de la fuerza, minimizando los riesgos de abuso y cumpliendo estandares mínimos de respeto a los derechos humanos, y 3) la necesidad de hacer una reforma integral del sistema policial del país, capacitándolos para atender a personas en condición de vulnerabilidad.

 

Despues de escuchar las voces de las víctimas y las defensoras, las legisladoras afirmaron haber tomado nota y se comprometieron a establecer mesas de seguimiento a lo de quí salga. La Legisladora Aleyda Alavez dijo que las audiencias de la semana pasada ya lograron un dictamen distinto que se discutirá a partir de mañana. La Diputada Lucia Riojas señaló que el cambio en el dictamen no alcanza, porque aún mantiene la lógica militar, y citó una frase escuchada en las audiencias “mientras más avancen los militares más retrocedemos los civiles” por lo que anticipó su voto en contra. Por su parte la Diptada Guadalupe Almaguer señaló que es una vergüenza que las autoridades de la Cámara de Diputados no incluyeran la perspectiva de género como uno de los aspectos a analizar en las audiencias de la Guardia Nacional. La diputada Rocío Barrera afirmó que nada de los escuchado será desechado sino que hará parte de las discuiones que dará el pleno. La Presidenta de la Comisión de Igualdad afirmó que recuperar la confianza y credibilidad en las instituciones mexicanas -que llevan años siendo desmanteladas, lo mismo que nuestros derechos- es una prioridad. Ella ratificó que se harán  las mesas de diálogo para dar seguimiento a este tema y continuar la tarea de un Parlamento Abierto.

 

La Red Nacional Seguridad, Justicia y Paz para las Mujeres, dio lectura a un pronunciamiento político que estará abierto a firmas, para que legisladoras, activistas y defensoras se sumen y se fortalezcan las voces que señalan la necesidad de no militarizar y de incorporar perspectiva de género a los planes nacionales de seguridad.

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