Por tercera vez en esta Legislatura, los diputados federales aprobaron expedir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y así cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó a la Cámara de Diputados fijar los parámetros para definir el salario del Presidente de la República, para así evitar amparos y que ningún otro funcionario público gane más que el titular del Ejecutivo. Para este dictamen se reservaron varios artículos y después de ser desahogados este dictamen se convertirá en minuta y será enviada al Senado de la República.

En la discusión en lo general recibió críticas de la oposición, quienes acusaron que no se solventa con las exigencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues no se fija el salario del titular del Ejecutivo, sino solamente se establecen mecanismos para calcularlo. El propósito del nuevo ordenamiento es regular las remuneraciones de los funcionarios de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos, instituciones y organismos dotados de autonomía, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal.

«No existe precedente alguno de una misma norma jurídica que haya sido debatida en tres ocasiones durante una misma legislatura, intentando resolver el asunto legal, sin poderlo lograr. Se usa una anquilosada minuta del Senado para intentar atender un capricho presidencial, a pesar de contar con innumerables aberraciones jurídicas. Casi siete mil amparos, cinco acciones de inconstitucionalidad y cuatro controversias constitucionales se han acumulado en respuesta a la violación de derechos de servidores públicos e instituciones. El dictamen tampoco atienden a los resolutivos y razonamientos planteados de la sentencia del 20 de mayo del año pasado de la Suprema Corte», dijo el perredista Antonio Ortega.

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