El Departamento estadounidense de Justicia informó este martes en un comunicado conjunto con la Fiscalía General de México que desechará “los cargos criminales” contra el exsecretario mexicano de Defensa, Salvador Cienfuegos, en aras de que pueda ser juzgado en México, donde se inició una investigación.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, Estados Unidos se ha comprometido a colaborar en las investigaciones y a juntar pruebas en este caso para apoyar la investigación de las autoridades mexicanas.

“A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar la investigación de autoridades mexicanas», informó.

El gobierno estadunidense expresó que siguen comprometidos con la cooperación en este asunto, así como de otros temas en materia de aplicación de la ley

“Como refleja la decisión de hoy, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones. Esta estrecha asociación aumenta la seguridad de los ciudadanos de nuestros dos países ”.

El comunicado, del fiscal general de Estados Unidos, William Barr y por Alejandro Gertz Manero, quien encabeza la FGR,  concluye subrayando que la decisión refleja que somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones”.

Tras el anuncio realizado por las fiscalías de Estados Unidos y México, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer que ofrecerá una conferencia de prensa para emitir una postura al respecto.

La decisión se tomó a unas horas de la siguiente audiencia en la corte del Condado Este de Nueva York, donde se encuentra recluido el exsecretario de la Defensa Nacional.

Cienfuegos fue secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, del 2012 a 2018. Fue acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero, transporte de drogas y narcotráfico.

Durante su paso por la Sedena como titular, fue cuestionado por activistas al negar el ingreso de familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos a uno de los cuarteles militar en Guerrero para investigar la desaparición forzada de ellos.

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