Culiacán, Sin.- El Punto de Acuerdo presentado por la diputada Cecilia Covarrubias González (MORENA), indica que se debe de iniciar y resolver el procedimiento para que en caso de resultar necesario se finquen responsabilidades resarcitorias previstas en la Ley, si se detectan irregularidades en las que hayan incurrido los servidores públicos en términos de su resolución de fecha 25 de Septiembre de 2018.
la legisladora citó que en Julio de 2015 el ayuntamiento de Ahome autorizó permutar terrenos municipales con la citada constructora, decisión desventajosa para el ayuntamiento, toda vez que los terrenos municipales localizados en 21 conjuntos habitacionales diversos, contaban con todos los servicios públicos mientas los pactados con la empresa particular estaban en condición rústica y breña.
Operación que implicó cambiar 62 mil 594 metros cuadrados del municipio, por 92 mil 533 metros cuadrados de la empresa, por la condición urbanizada de los terrenos cedidos se causaron daños a las finanzas públicas municipales por el orden de 93 millones 47 mil pesos, en virtud que los valores comerciales de los terrenos municipales entregados oscilan entre mil 500 a dos mil pesos, mientras los rústicos recibidos de la constructora apenas alcanzar un valor de 150 pesos el metro cuadrado.
Posteriormente, la diputada Guadalupe Iribe Gascón (PRI), precisó que la ASE remitió un expediente sobre el caso al ayuntamiento de Ahome para que investigue a fin de fincar responsabilidades, toda vez que debe de ser órgano interno de control el que haga su trabajo en este caso de las permutas, pidió no politizar un tema que es investigado por lo que solicitó no prejuzgar ni adelantar hechos y que la solicitud del Pleno debería ir encaminada a que el órgano interno del Ayuntamiento de Ahome realice el trabajo que le corresponde.
Luego, el Diputado Jorge Villalobos Seáñez (PAN), dijo que la transparencia y rendición de cuentas es vital, indicó que la denuncia de este tema se conoció en la anterior legislatura, y en ese entonces se la LXII Legislatura ordenó que el órgano interno de control hiciera su trabajo, recordó que la resolución del Cabildo fue unánime al autorizar, lo que no significa legalidad y que puede incurrir en violaciones a la Ley de Gobierno Municipal, toda vez que la parte donada por particulares, era para otros fines, demandó se dé cauce legal.
Enseguida, el diputado Edgar González Zataráin (PRD), respaldó la propuesta de Punto de Acuerdo, y agregó que jurídicamente aún el caso no concluye, por lo que insistió en que haya una respuesta rápida, “y se siente un precedente y no vuelva a ocurrir lo que sucedió en Los Mochis, que no fue un asunto de desconocimiento, o que el ayuntamiento beneficiara a la sociedad. Fue premeditado ante las evidencias existentes, un hecho impune, además de que pedimos la intervención de la Fiscalía General del Estado”, remató.
Una vez agotada la discusión, el presidente de la Mesa Directiva sometió a votación el Punto de Acuerdo, mismo que fue aprobado por la mayoría del Pleno.

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