La 4T va por la ANUR y Quintín Suárez

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Por: Álvaro Aragón…
No hay reversa. El gobierno de la Cuarta Transformación se dispone a desmantelar el “andamiaje neoliberal” de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego -ANUR-, apéndice electoral del PRI, cuyo centro de operaciones se ubica en Sinaloa y que, por tres décadas, en pleno maridaje con funcionarios corruptos de la antigua Comisión Nacional del Agua -Conagua- maniobró para que la “casta divina” acaparara un bien nacional: el agua. 

El titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales –Semarnat-, Víctor M. Toledo, va en la línea de “agua para la vida”, no para los caciques. En la ANUR – bajo el eterno liderazgo de Quintín Suárez Andujo -, hay resistencia a una reconversión estratégica del sistema que opera el manejo del agua en el país.  

El agua ha sido y es el mejor negocio de Quintín Suárez y asociados. El tráfico del líquido vital le ha permitido amasar una millonaria fortuna, según las denuncias y la radiografía de la ANUR que obra en poder del presidente Andrés Manuel López Obrador.  

La conclusión de 4T es que todo el sector del agua fue corrompido durante el calderonato y el pañanietismo por mafias de alta burocracia, representantes de productores y particulares influyentes.

La ANUR, apéndice del PRI, es un organismo propiedad particular de Quintín Suárez Andujo, cuya influencia se extendió a la Conagua, de la que acaparó las principales obras, las cuales distribuyó a sus parientes o a constructoras que operan a través de prestanombres.

Sobre la ANUR, Quintín Suarez y socios pesa una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Sistema de Administración Tributaria, por sospechas de corrupción y evidencias de enriquecimiento inexplicable o ilícito, que intenta ocultar en un entramado de negocios que topan con la compra de parte del edificio Corerepe en Los Mochis.

El agua para la vida 

Llegó la hora. El mensaje es para la ANUR y Quintín Suárez. El titular de la Semarnat, Víctor M. Toledo precisó en un artículo nacional –publicado en La Jornada- que “tras la espesa noche neoliberal de tres décadas, plena de corrupción y de entrega de los bienes de la nación, se hace necesario de manera urgente el rescate y la recuperación de las bases materiales del país: suelos, manantiales, cuencas hidrológicas, bosques, selvas, biodiversidad, semillas, costas, playas, aire de las ciudades, etcétera” 

Sin esa regeneración –planteó Víctor M. Toledo- “los elementos naturales, la salud de los mexicanos, igualmente afectada, no podrá recuperarse. La salud humana y la salud de la naturaleza son mutuamente dependientes. Esta tarea de restauración doble ya la ha comenzado el gobierno de la 4T para el caso de los alimentos y debe seguir con al menos otros dos elementos: la energía y el agua.

Revela que “el agua está acaparada, maniatada, mal usada, entubada, embotellada, inflamada, gasificada, congelada, contaminada. La ley que rige su apropiación, manejo, distribución y uso data de 1992 y fue elaborada al calor de las contrarreformas del periodo salinista, notablemente la contrarreforma agraria, y conlleva en su composición una tendencia de rígido control estatal y de favorecimiento a los sectores privados (….) este marco legal debe ser revisado y puesto al día por un gobierno que se ha declarado antineoliberal, es decir, que lleva como encomienda dos objetivos: regular la voracidad de las empresas (tanto privadas como públicas) y, al mismo tiempo, ir cediendo y trasladando su propio poder hacia la sociedad, empoderando a los ciudadanos

Para el titular de la Semarnat, el panorama del agua en México es hoy muy preocupante si no es que trágico. Grupos muy poderosos acaparan el líquido vital: mineras, gaseras, cerveceras, refresqueras, lecheras, ranchos agrícolas y ganaderos, granjas avícolas y porcícolas, etcétera, en detrimento de un uso equitativo, transparente, regulado y ambientalmente racional. Los datos disponibles caen como pesadas rocas: 70 por ciento de las aguas concesionadas están en manos de solo 7 por ciento de los concesionarios y existen mil 11 millonarios del agua, propietarios con más de un millón de metros cúbicos”.

Establece que las grandes agroexportadoras (de alimentos vegetales y animales) hoy reciben enormes volúmenes de agua y de energía subsidiadas. Las mesas directivas de los principales distritos de riego operan con opacidad. Se estima que 60 por ciento de los ríos y lagos están fuertemente contaminados y sus pobladores con problemas severos de salud. Sobre los territorios indígenas, que capta 25 por ciento del agua del país, se han aprobado 77 mil 619 concesiones sin el consentimiento previo de las comunidades.

La UIF, clave en contra-reforma del agua 

Para lograr rescatar el agua para el desarrollo integral del país, la Unidad de Inteligencia Financiera se convirtió en instrumento clave ya que trabaja para sacar a la luz enriquecimiento de la dirigencia de la ANUR y el trafique con las obras adjudicadas a la Conagua. La UIF muestra interés en el paradero de los recursos otorgados por el gobierno de Enrique Peña Nieto a Quintín Suárez «para el fortalecimiento del sector hídrico».

Por su parte, las nuevas autoridades de Semarnat y la Conagua descubrieron que los cauces de los ríos producen fortunas a unos cuantos explotadores que pagan grandes comisiones a funcionarios y las redes mayores influían y aun influyen en algunas zonas del país para hacer trinquetes con el agua en los módulos y distritos de riego. 

El gobierno de Obrador probó que, con el permiso del entonces director de la CONAGUA, Roberto Ramírez de la Parra, la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR), a cargo de Quintín Suárez Andujo, fuera a la vez representante de los productores, encubridor del saqueo en los módulos y gestor y ejecutor de obras hidráulicas, mediante el influyentismo adquirido desde la gestión de David Korenfeld.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador comprobó que en Sinaloa y otros estados del país, drenes, canales, arroyos, ríos y presas de Sinaloa son parte de la baraja de intereses que movían –y aun lo hacen- la corrupción y el uso incorrecto del agua y que, pese a la inyección económica a este sector durante el régimen de Enrique Peña Nieto, operan en la entidad 16 presas, casi en el abandono, como si se tratara de empresas particulares cobijadas por la ANUR.

Y documentó que la Asociación Nacional de Usuarios de Riego y la Asociación de Productores Agrícolas del Estado de Sinaloa en complicidad con la antigua Conagua montaron negocios para consumir el presupuesto del sexenio pasado destinado a atender las necesidades de este sector y la infraestructura de riego y que se elaboraban facturas por trabajos que no se realizaban en el «mejoramiento» de la fisonomía de la red hidráulica. 

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