Guasave, Sin.- La empresa hoy es K-Partners, pero entre los personajes hay uno  que ha sido noticia por los polémicos contratos obtenidos en Tijuana, Baja California y en Michoacán, se trata de Diego Gaspar Villarias ; así lo referencian medios de comunicación en esas regiones del país en donde también se firmaron arrendamientos que más tarde se vieron envueltos en cuestionamientos.

En esos estados aparece como “arrendador” Diego Gaspar Villarias, pero la empresa en aquellos años era Grupo Turbofin SAPI de CV y llama la atención que el contrato de arrendamiento se incluya, al igual que con el gobierno de Guasave la cláusula de confidencialidad.

Así está la cláusula en el contrato firmado en marzo del 2017 con el gobierno de Tijuana:

“Las partes acuerdan que el presente contrato y la información derivada del mismo tienen el carácter de confidencialidad por lo que no podrán utilizarla, revelarla o divulgarla a ninguna persona física o moral. La información proporcionada, obtenida o generada a la que tuvieran acceso las partes, ya sea en forma escrita, verbal, visual, grabada en medios magnéticos, electrónicos o en cualquier forma, ya sea de manera directa o indirecta; deberá utrilizarla única y exclusivamente para el propósito o fin del presente contrato.

“LAS PARTES aceptan que el contrato y la información que deribe del mismo, así como todos los materiales y documentos generados durante la vigencia del mismo son propiedad de las partes”. La información confidencial conservará dicho carácter durante la vigencia de este contrato y continuará teniéndolo después de concluido. Este instrumento no otorga de manera expresa o implícita, derecho intelectual o de propiedad.

Así está la cláusula con el gobierno de Guasave, pero con la salvedad que aquí aparece como arrendador Raúl Antonio Hernández Mendoza, uno de los dos accionistas de K-Partners, el otro es  Diego Gaspar Villarias, según documento de la notaría Número 171 con sede en la Ciudad de México:

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFINDENCIALIDAD. “Las Partes” acuerdan que el presente contrato y la información derivada del mismo tienen el carácter de confidencialidad, por lo que no podrán utilizarla, revelarla o divulgarla a ninguna persona física o moral. La información proporcionada, obtenida o generada a la que tuvieran acceso “las partes”, ya sea en forma escrita, verbal, visual, grabada en medios magnéticos, electrónicos o en cualquier forma, ya sea de manera directa o indirecta; deberá utilizarla única y exclusivamente para el propósito o fin del presente contrato. “Las partes” aceptan que el contrato, y la información que derive del mismo, así como todos los materiales y documentos generados durante la vigencia del mismo son propiedad de “las partes”. La información confidencial conservará dicho carácter durante la vigencia de este contrato y continuará teniéndolo después de concluido. Este instrumento no otorga de manera expresa o implícita, derecho intelectual o de propiedad.

Toda la información y datos técnicos que por cualquier medio reciba “el municipio” de “el arrendador”, con motivo del cumplimiento del presente contrato, estará sujeta a las mismas restricciones de confidencialidad especificadas en el el párrafo precedente por parte de “el municipio”.

De la investigación efectuada por el reportero de Conexión Sinaloa, se deduce que al menos el contrato es casi una copia fiel de los que se han firmado en otras regiones del país, pero con la razón social de otra empresa, en este caso Grupo Turbofin SAPI de CV y K-Partners en Guasave, es decir y por lo que se observa, la cláusula de confidencialidad pudiera ser impuesta por los arrendadores.

LA SUSPICASIA

Ayer, en un post que el reportero compartió sobre la cláusula de confidencialidad (https://conexionsinaloa.mx/clausula-de-confidencialidad-con-k-partners-si-existe-en-respuestas-a-solicitudes-de-informacion), Crescencio Flores Contreras, quien ha sido asesor en el Congreso del Estado, puso una reflexión que retoma del portal ruizhealytimes.com:  Gaspar Villarias, fue Secretario Técnico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Social Demócrata y candidato a diputado por el XXV Distrito en mayo de 2009. Sin más datos de este personaje y su empresa, el asunto queda entremedio de la suspicacia.

Cabe destacar que reporteros habían preguntado en reiteradas ocasiones sobre la procedencia de K-Partners y de los propietarios, pero como respuesta habían obtenido negativas, la más reciente fue la del secretario de la comuna, Gerardo Peñuelas Vargas, quien dijo desconocer quienes eran los dueños.

El lunes la alcaldesa Aurelia Leal López dijo que la citada cláusula de confidencialidad no existía y presentó, finalmente a uno de los socios de K-Partners, se trata de Raúl Antonio Hernández Mendoza.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here