Todo trascurre con determinado orden y armonía cuando las partes entienden que, independientemente de lo ilegal de una actividad, la autoridad no debe jugar roles empáticos o en la complicidad. Este relativo orden, que es el que garantiza de mejor manera la paz y armonía de una convivencia pacífica de la sociedad en su conjunto, es dable cuando las autoridades no son permeadas por la delincuencia, o bien, cuando la delincuencia no logra acomodar en espacios del gobierno o la justicia a sus incondicionales. En ese juego de poder o no poder, la actividad empresarial no debe ser plagada con “empresarios” que realmente están en la cadena de valor de la delincuencia, sea lavado de dinero que incluye la evasión fiscal, o la renta de la prostitución, las drogas, el alcohol, el juego y otras actividades que se realizan fuera del marco legal.
Si por algo se puede empezar es atacando la renta económica, la comunicación y la fuerza laboral.
Los delincuentes de cualquier tipo, aquí se incluye a los llamados de cuello blanco, deben entender que la función de la autoridad es atraparlos con base en la ley que castiga las conductas ilegales y los daños ocasionados por esa misma conducta, y la autoridad debe entender que no debe convertirse en parte de la delincuencia. A mediados del sexenio que representó Juan Millán en Sinaloa (finales del año 2000) expresé, en un programa de radio Universidad Autónoma de Sinaloa: “Ya no supe cuando la autoridad se pasó a la delincuencia o la delincuencia se convirtió en autoridad”.
Ahora bien, podemos decir que todos los pueblos (naciones) tienen sus problemas, sea Argentina con inflaciones galopantes y altos índices de delincuencia del fuero común; Bolivia con “fraude electoral” y sublevación masiva de la población; Chile con toques de queda; Colombia con niveles alarmantes de corrupción y el resurgimiento de la guerrilla; y así, pasando por Venezuela, Honduras, Guatemala, pero lo cierto de nuestra Patria, México, es que los grados de impunidad, corrupción y penetración de la delincuencia en los sectores productivos y de gobierno es verdaderamente alarmante y la señales es que camina a profundizarse, a incrementarse si no actuamos rápido y bien.
Como las cosas las hacemos las personas, y como las democracias advierten que es mediante el voto como se lleva a los gobernantes o representantes a los cargos, debemos cuidar que no sea mediante el voto como se incorporen personas relacionadas con la delincuencia, sean contrabandistas, tratantes de blancas, narcotraficantes o delincuentes de cuello blanco insertados en las “limpias” actividades empresariales. De ahí que si en la Federación (orden de gobierno) se la llevan haciéndole al “tío lolo”, las entidades federativas pueden dar los pasos correspondientes teniendo claro que no son asuntos personales, son asuntos de la sana convivencia y, al que atrapen, le caiga el peso de la ley por “burro” que lo atraparon y porque la ley sanciona esas conductas.
Leyes que cierren la puerta a cargos de gobierno a quienes tengan relaciones directas o parientes en primer y segundo grado de parentesco con la delincuencia, o hayan sido condenados por actividades catalogadas como delitos graves.
Leyes que cierren el financiamiento sin control a las campañas políticas poniendo tope claro a las mismas y una fiscalización al gasto, sea por su origen, destino y monto.
Separación plena de los delincuentes recluidos purgando condena dejándole al orden federal su responsabilidad y asumiendo la de los procesados por delitos del orden estatal; separación de los primo delincuentes; leyes que den nuevo trato a los menores infractores dependiendo del giro en el que se hayan inmiscuido pasando la patria potestad (en caso de reincidencia) al Estado; establecimiento de bloqueo de llamadas en los centros de reclusión de sentenciados y en los centros de prisión preventiva de procesados por delitos graves como el homicidio, cambiar los criterios de re inserción social que está comprobado no funcionan por mecanismos de castigo y, valorada la conducta, pasar a procesos de re adaptación social previos esquemas de habilidades laborales; control pleno en el monitoreo económico sobre los funcionarios de todo tipo de los centros de reclusión y su familia directa.
Crear un mecanismo de designación de funcionarios a partir de sus competencias quitando esquemas de oriundez para realmente tener personas competentes habida cuenta de las nuevas destrezas y habilidades de los delincuentes y que funcione el mecanismo de contrapesos entre poderes y de rendición de cuentas (Fiscales, Jueces, Magistrados y organismos con autonomía constitucional).
Crear cuerpos encargados de la seguridad pública debidamente capacitados y bien remunerados con incentivos y sanciones que los hagan, por un lado, alejarse de la tentación de ser coptados por delincuentes de cualquier tipo y, por otro, saber que tienen un buen ingreso y trasparencia en sus promociones por desempeño o antigüedad.
Tener en la Fiscalía cuerpos debidamente capacitados para integrar las carpetas de investigación, plataformas de inteligencia, servicio forense moderno, entre otras herramientas y que no se manipulen ni las escenas del crimen ni las pruebas recabadas con una verdadera unidad de servicios e inteligencia internos.
Un Sistema Tributario que permita relacionar al contribuyente con su nivel de vida por virtud de su actividad económica como persona física o como accionista de empresas, modificando la ley para que los accionistas no se escuden en la empresa y ser ellos libres de culpa alguna.
El tema da para más pero es una pincelada de acciones que aquí no se han querido implementar muy probablemente porque la delincuencia se ha apoderado de espacios de poder gubernamental sea en el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial e inclusive en organismos con autonomía constitucional, o viceversa en drogas, trata, contrabando, lavado.
¡Muchas gracias y sean felices!
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