Ciudad de México.-La Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de seis procedimientos especiales del Consejo Derechos Humanos, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tomar en cuenta sus observaciones respecto a la Ley de Seguridad Interior (LSI), la cual considera que incumple con lineamientos internacionales en torno a la participación de las fuerzas armadas.
A través de una comunicación dirigida a los Ministros y firmada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; de Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; de Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; de Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; de Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos y de Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, piden discutir las accionas de inconstitucionalidad promovidas contra la Ley.
Al iniciar la discusión sobre la Ley este lunes 12 de noviembre, del proyecto de sentencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la Ley la ONU recordó que existe rechazo de la misma entre otros aspectos, por su incompatibilidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Entre los argumentos más fuertes destaca la facultad de ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana y exacerbar el ya elevado nivel de violencia que existe en diferentes partes del país.
“Nos preocupa especialmente que las Fuerzas Armadas realicen tareas que no les son propias y para las que no han sido entrenadas, lo cual cuestiona su capacidad de acción efectiva en tareas de seguridad ciudadana y combate del crimen, y podría favorecer la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, señalan los procedimientos especiales de la ONU.
Además, la LSI no define el periodo de participación de las fuerzas armadas en las acciones de seguridad interna de México, no incentiva la capacitación de los cuerpos policiacos estatales ni municipales; le otorga facultades de investigación e inteligencia y pone en riesgo el apartado de la libertad de expresión, además que vulnera los derechos humanos de la población, entre otros aspectos.
Con información de MVS Noticias