Culiacán, Sin.- Se conocieron otras dos iniciativas signadas por la Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez y el ciudadano Victor Antonio Corrales Burgueño; la primera de ellas, es a la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa.

Iniciativa en la que si bien reconocen la necesidad de crecimiento en todos los ámbitos para un mayor y acelerado desarrollo del estado, también mencionan las trabas que se presentan, como es la falta de estímulos, por lo que proponen exentar del pago del ISR, y lo exponen así:

“Mediante esta iniciativa se busca incentivar a las empresas a que contraten a personas liberadas de prisión aun cuando no tengan su carta de no antecedentes penales, exentado el impuesto antes mencionado por un tiempo determinado.

Así hacemos efectivo nuestro compromiso con los derechos sociales, alineando las acciones a la generación de un marco constitucional claro y beneficio para todos. Con ello, una debida orientación del gasto público y una política tributaria de carácter progresivo, general, homogéneo, sin vías de elusión y compatible con las prioridades de crecimiento económico y de reducción de las desigualdades sociales”.

Por lo que hace a la segunda iniciativa, tiene por objeto de se endereza a reformar la denominación del TÍTULO QUINTO, y adicionar los CAPÍTULOS 1 y 11 al TÍTULO QUINTO, denominados DE LOS MEDIOS DE DEFENSA y DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES respectivamente, y los artículos 100, 101 y 102, a la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, a fin de establecer una regulación en materia de responsabilidades y sanciones en 1~ Ley de Pensiones.

Exponen el  crecimiento exponencial    que de adultos mayores se registra anualmente en el país, y del que Sinaloa no es ajeno, lo que dificulta el sistema de pensiones, y que si bien en la entidad existe el Instituto de Pensiones para el Estado de Sinaloa, organismo público descentralizado que tiene como objetivo primordial el de garantizar a todos los trabajadores del Gobierno Estatal, los Organismos Descentralizados y sus Entidades Coordinadas el establecimiento de un sistema de pensiones que brinde viabilidad financiera y seguridad social.

Este organismo es el que administra las aportaciones de los trabajadores del Gobierno del Estado de Sinaloa, Organismos Públicos Descentralizados y Entidades Coordinadas, a fin de que se deban garantizar la protección de los medios de subsistencia y el otorgamiento de pensiones y jubilaciones. Por cada peso que aporta el trabajador sindicalizado o de confianza, la administración estatal tiene que aportar la misma cantidad a este Instituto de Pensiones.

Dicho organismo fue creado en el 2009 con el objetivo de salvaguardar los derechos fundamentales de los trabajadores, sin embargo ante los malos manejos de los empleadores, actualmente padece un quebranto financiero que pone en riesgo su operación.

En ese sentido, cabe decir que en nuestra Entidad hace algún tiempo se vivió un grave problema en el tema de las pensiones, donde alrededor de 14 mil burócratas  de Sinaloa estuvieron en riesgo debido que el gobierno estatal dejó de entregar al Instituto de Pensiones las cuotas del fondo de jubilación que  quincenalmente eran retenidas a los trabajadores.

El adeudo al inicio se estimó aproximadamente en mil 525 millones de pesos, según un documento que dicha institución emitió en abril de 2016, sin embargo de acuerdo con el informe de resultados de la revisión y fiscalización realizado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), al penúltimo semestre de ese sexenio, el adeudo del gobierno estatal al IPES ya sumaba 998 millones de pesos, incrementándose evidentemente dicha deuda.

En el caso particular, los trabajadores sinaloenses se han visto afectados por el desvío de recursos del Instituto de Pensiones, y actualmente no cuentan con un instrumento en la Ley para que se sancione de manera directa a los responsables de dichos actos; por lo tanto, los suscritos consideramos que existe la necesidad que esta Ley prevea sancionar a todo servidor que incumpla con sus obligaciones, asimismo de responsabilizarlos y establecer como conducta grave la omisión de enterar al Instituto las aportaciones a que se encuentran obligados.

Proponen:

“Artículo 1 OO. Los servidores públicos de los empleadores, que dejen de cumplir con alguna de las obligaciones que les impone esta Ley, serán responsables en los términos de las disposiciones aplicables.

La omisión de enterar al Instituto las aportaciones a que se encuentran obligados los empleadores será considerada como conducta grave  para efectos de la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; asimismo, estarán obligados a responder por los daños y perjuicios patrimoniales que sufra el Instituto con motivo de dicha omisión.

Artículo 101. El Instituto tomará las medidas pertinentes en contra de quienes indebidamente aprovechen o hagan uso de los derechos o beneficios establecidos por esta Ley, y ejercerá ante las autoridades competentes las acciones que correspondan, presentando las denuncias o querellas, y· realizará todos los actos y gestiones que legalmente procedan, así· como contra quien cause daños o perjuicios a su patrimonio o trate de realizar cualquiera de los actos anteriormente enunciados.

Las iniciativas se turnaron a la Secretaría para sus respectivas segundas lecturas de Reglamento

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