Irrita a la sociedad que se quiera usar dolosamente a los niños como “conejillos de indias” y que se les pretenda exponer al contagio y muerte en plena pandemia del coronavirus; insulta la memoria de los fallecidos y sus familias y de los miles y miles de contagiados con secuelas pulmonares y cardiacas, los “palos de ciego” del gobierno, las frivolidades y mentiras y el culpar de las muertes a la “población irresponsable”.

Embota los sentidos de los sinaloenses pensantes la intención de convertir a las escuelas, kínder, primarias y secundarias, en “focos de contagio” del coronavirus, colocando a los niños en situación de alto riesgo de infección, convirtiéndolos, además, en potenciales agentes transmisores del letal virus.

Hasta ahora las autoridades de los tres niveles de gobierno han escapado a la acción de la justicia, sortean la ley bajo la argucia de que la pandemia ya está controlada, que es un acto de Dios, un peligro natural, del cual ningún funcionario puede ser considerado responsable, argumentos insensatos usados para ocultar la ineptitud y el importamadrismo.

Pero todo tiene un límite. Exponer a los estudiantes a contraer la enfermedad regresándolos a las aulas en el pico de la crisis sanitaria, es una irresponsabilidad criminal que podría detonar el levantamiento de los padres de familia y amplios segmentos de la población.

Si la política de “Poncio Pilatos” instrumentada para culpar de las muertes al consumo de Sabritas, Coca-Cola, Pingüinos Marinela, a “la gente que no hace caso”, a la obesidad, la hipertensión, la diabetes, al cáncer y otras enfermedades, funcionan para contener ira social, seguramente el gobierno planea aplicar otra artimaña o estrategia publicitaria para justificar los contagios y muertes de menores de edad en caso de que autorice el regreso a clases.

Para ingresar a la nueva normalidad educativa, el gobierno alza la mano de una falsa victoria contra el flagelo y manosea un semáforo arcoíris, sin reparar que el fracaso en el combate a la pandemia la escriben nuestros muertos y los muertos no mientes. Ahí están los fallecidos que en su sepulcral sigilo rompen el silencio y exhiben al gobierno que sepultó su responsabilidad de velar por la salud y la atención médica de la población.

Con un discurso errático y jugando con la retórica, el titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía, sobre el tema de regreso a clases -en algunos municipios -dijo que sería una “medida polémica, sin importar cuándo se dé; lo trascendente es cómo se ejecute. Lo más sencillo es no hacer nada, pero, NO es ‘la marca de la casa´. Frente a situaciones inéditas, se requieren soluciones nunca exploradas; lo que no significa en ningún momento improvisación…”.

Pero la verdad es que por más brochazos que de gobierno para ocultar la realidad, el regreso a clases se daría en un escenario de “semáforo fúnebre” y los contagios y muertes de niños ocurrirían por comisión u omisión, por actitudes dolosas o imprudentes. En Derecho, la situación de contagio de Covid-19 deliberado o negligente, sí franquea diversas categorías de responsabilidad penal, civil y administrativo por “la transmisión de persona a persona” del mortal virus.

Sí configura delitos y penalidades si la conducta que conduce al contagio y muerte de menores se sustentó en una errática política, basada en datos falsos de contención de la pandemia para aparentar supuestos éxitos en materia de salud, a sabiendas de que, a estas alturas, todos sin excepción, potencialmente, podemos diseminar el coronavirus.

En dado caso de que se autorice el regreso a clases y se registren contagios y muertes de estudiantes (y maestros) la culpa recaería, como factor de imputación, en el titular de la SEPyC, Juan Alfonso Mejía, y en los integrantes del Comité o Consejo Estatal de Salud Pública, por no tomar medidas dentro de lo previsible para no causar daño, concretamente, no causar más contagios y muertes por Covid-19.

Por ser Juan Alfonso Mejía y las autoridades de salud, autoridades políticas y administrativas, funcionarios garantes de la salud de la niñez, sus acciones no sólo los compromete a indemnizar los perjuicios o daños –contagios y muertes- que pueden causar, sino que también compromete al Estado y la responsabilidad patrimonial de éste.

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