Ciudad de México.- Magistrados y jueces federales del país demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Naciónsu intervención para que no se aplique la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos,que establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República, por lo que solicitaron la aplicación de medidas cautelares.

Ante dicha petición, la Corte abrió dos expedientes, el 12/2018 y 13/2018, derivado de las consultas a trámite previsto en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Ambos expedientes fueron turnados al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien deberá presentar proyectos de sentencia que tendrán que ser debatidos por el Pleno.

Los ministros también pidieron que se implementen medidas cautelares, esto porque todavía no se define cuánto es lo que se pretende reducirles el sueldo.

La Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos entró en vigor el pasado 6 de noviembre.

A esto se agrega que otro grupo de jueces y magistrados federales del país elaboraron una “demanda de amparo modelo” con la que pretenden enfrentar leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión que, dicen, afectan la autonomía del Poder Judicial de la Federación.

La demanda de garantías modelo fue impulsada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, y se utilizará para retirar estatutos aprobados y que fueron impulsados por el partido Morena, afín al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien tomará protesta el próximo 1 de diciembre.

De igual manera, individualmente, jueces y magistrados han promovido amparos, por ejemplo, contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos y han obtenido suspensiones; algunos jueces que otorgaron las suspensiones comenzaron a declararse impedidos porque argumentaron que también buscarán ampararse.

Por su lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad.

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